La clave de la actual discusión nacional al respecto del levonorgestrel se basa en un concepto errado, a juicio del doctor Ramiro Molina: el tema central no es que el Tribunal Constitucional prohíba la píldora de emergencia, sino que, al proscribir esta molécula, debieran desaparecer del mercado la gran mayoría de los anticonceptivos que distribuyen los servicios de salud y casi la mitad de los que se venden en farmacias. Con nefastas consecuencias.
Ante un fallo por decir lo menos polémico –como es la decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional chileno frente al requerimiento de un grupo de parlamentarios para declarar inconstitucionales las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad emanadas por el Ministerio de Salud, así como suspender la venta de levonorgestrel y dispositivos intrauterinos-, a fines de 2007 la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile fue convocada a argumentar científicamente como institución perita en la materia.
Esto motivó a que la decana del plantel, doctora Cecilia Sepúlveda, solicitara a los doctores Ramiro Molina, académico del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, CEMERA, y Giorgio Solimano, director de la Escuela de Salud Pública, liderar y conformar un equipo de trabajo que estudiara el tema en profundidad, emanara un documento y, por último, se presentara ante el Tribunal Constitucional para dar a conocer estos análisis.
Este fallo, por la complejidad de sus consecuencias, está en actual discusión por los miembros de este organismo colegiado. Para darlas a conocer a la comunidad universitaria, y a solicitud del cuerpo estudiantil, los doctores Molina y Solimano realizaron una presentación el 31 de marzo de 2008, ante una audiencia en la que escaseaba el público que se vería directamente afectado: los jóvenes.
Abortos doblarían a los nacimientos adicionales
Los abortos clandestinos anuales superarían a los nacimientos en nuestro país si es que el Tribunal Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto. Esa es una de las principales consecuencias expuestas por el doctor Ramiro Molina. Y es que en Chile un tercio de las mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas. La restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición dado que están compuestos por levonorgestrel o moléculas derivadas de este, por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio "Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries", OMS, 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina.
De allí, se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en el país durante los últimos 45 años. Asimismo, se elevarían a 56.000 las hospitalizaciones anuales en maternidades por complicaciones derivadas de abortos, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario; y, aunque se absorbiera toda esta demanda, el aumento de la mortalidad materna por esta causa crecería entre dos y cinco veces.
Por otra parte, el fenómeno tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el mercado negro, por lo que se generarían inequidad.
Finalmente, el doctor Molina redundó en el análisis científico de los métodos anticonceptivos incluidos en la norma ministerial, que muestra que no actúan sobre el óvulo fecundado, en su transporte por el oviducto o Trompa de Falopio ni en el proceso de implantación en endometrio o capa interna del útero, por lo que no pueden ser abortivas.
Al presentar esta ponencia, la doctora Cecilia Sepúlveda señaló que "de aprobarse esta restricción a la normativa sería un grave retroceso para la salud materno infantil de nuestro país". Por su parte, el doctor Giorgio Solimano dijo que estas investigaciones evidencian el éxito de los programas de regulación de fecundidad vigentes desde hace cuatro décadas y el aporte hecho por académicos de la Facultad de Medicina y su Escuela de Salud Pública a estas políticas.
Luego de la charla, se produjo una rica discusión entre los presentes, en la que se destacó la opinión del doctor Eduardo Rosselot, presidente de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina, quien se refirió a la necesidad de promover la objeción de conciencia frente a este tema, pues la solución final al dilema que plantea el origen de la vida no será resuelto por ningún organismo.
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